Brutalidad sin adjetivos

Uno de los episodios más amargos de su historia reciente vive nuestro país, inmerso en violenta espiral: de la forma más artera, sanguinaria y vil, el asesinato de  52 indefensas personas en Monterrey, marca un salto cualitativo a la locura, protagonizada por narcos, sicarios, carteles y rampantes delincuentes, quienes con su proceder retan a todos los mexicanos, no únicamente al Ejercito o al Presidente Calderón, sentado en la vertical de fuego, en el centro de la tormenta.    

Ningún antecedente cercano a lo acontecido puede compararse a la brutalidad sin adjetivos con la que fueron masacrados nuestros hermanos regiomontanos, el pasado 25 de agosto, a no ser la registrada en 1892, cuando tropas federales porfiristas prendieron fuego a la iglesia de Tomochic, perteneciente a un pueblo remontado en la agreste sierra Tarahumara, donde murieron calcinados cerca de 100 hombres, mujeres y niños, en defensa de su dignidad.

Guardadas las distancias y motivos, este nuevo crimen de lesa humanidad que hoy se escenifica en nuestro territorio, es evidencia de la incivilidad que todavía caracteriza buena parte de nuestros procesos sociales, políticos y culturales. Así mismo coloca de relieve la urgente necesidad de replantear el conjunto de estrategias de combate enderezadas contra el crimen organizado. Esto, sin intentar sacar provecho partidista del debate, y sin renunciar a construir estructuras de participación social que permitan armonizar intereses y recuperar la solidaridad y convivencialidad que tanto se ha perdido.   

No basta con lamentarnos, ni auto flagelarnos, es momento de actuar en unidad, según coinciden en señalar los más diversos sectores de la sociedad, a escala nacional e internacional, horrorizados por la magnitud del hecho que sacude nuestras conciencias, habida cuenta sus proporciones, irracionalidad y perversión que raya en lo fanático y enfermizo.

El episcopado mexicano, por lo mismo, lo considero un diabólico acto, en tanto que las organizaciones partidistas, sin dejar de tratar de aprovechar el doloroso acontecimiento para reivindicar sus propias posturas, coincidieron en reprobar las palabras de Calderón Hinojosa, quien no titubeo en calificar de terrorista el cobarde atentado, y en un mensaje difundido en cadena nacional pidió a las entidades de la República ofrecer facilidades y coordinar esfuerzos con las fuerzas federales. Lo que ha sido interpretado como un pretexto para militarizar el país.

Se aduce y sostiene, no sin fundamentos, que al frente de un sistema político de equilibrios y contrapesos,  pero también como principal responsable del Poder Ejecutivo Federal y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, con insignia como general de cinco estrellas, el presidente mexicano no deberá perder la mesura y tener en cuenta que cualquier decisión que asuma en los subsiguientes días será encrucijada para el desarrollo presente y futuro de las actuales y posteriores generaciones.

Y es que en México, al igual que en  todo país que se precie de ser democrático se tiene como premisa y regla de oro el principio de que el papel del Ejército es piedra angular para la evolución o involución de su sistema político.  De aquí se desprende la siguiente preocupación: enfrentar la compleja problemática de la Seguridad Publica bajo la perspectiva de que constituye un reto para la Seguridad Nacional,   corre el riesgo de desembocar a muy corto plazo en un retroceso, y de ningún modo un avance. Eso sí,  coloca a la nación a un paso del estado de excepción, es decir, ante la posibilidad de que se suspendan las garantías individuales consagradas en la Carta Magna.

Preocupa e inquieta, la demanda del presidente Calderón al Congreso de la Unión para aprobar reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorgarían nuevas y amplias atribuciones a las fuerzas armadas. Lo que se viene a sumar a la ya masiva presencia de la Policía Federal y el Ejército en las calles. Tan solo ayer, el arribo a Monterrey  de decenas de unidades blindadas, motocicletas, carros radio patrulla, ambulancias, y helicópteros Black Hawk,  mil 500 policías federales procedentes de la ciudad de México, así como 800 soldados del Ejército y Fuerza Aérea, se agrega a 300 soldados más que había con antelación.  

La estrategia de militarizar paulatinamente las ciudades y municipios desgarrados por la violencia, carentes de cuerpos policiacos profesionales, suficientes e irreprensibles, debilita la vía democrática y tiende a convertirse en un retroceso al avance de la sociedad civil en su intento por participar en forma creciente y responsable en la prevención y solución de los problemas que le atañen. 

El llamado a que la ciudadanía se una y se organice para asegurar un futuro de tranquilidad a las nuevas generaciones, no solamente mediante cacerolazos,  no debe desdeñarse. Movilizar a la sociedad a favor de la seguridad, por parte de las organizaciones civiles, sin medrar a favor de partidos políticos, parte de la convicción de que lo acontecido en Monterrey es barbarie, pero no terrorismo. Lo que más apremia, en todo caso, es buscar una respuesta pronta a los históricos problemas de pobreza, escasas oportunidades de desarrollo, equilibrio en el reparto de la riqueza, educación y servicios de salud de calidad. Esto, amén de proseguir en el propósito de contener el avance del narco y los carteles de la droga.

Antes de concluir este escrito es importante recordar que persuadidos de que nada podrá resarcir tan enorme daño y profundo dolor por el que pasan tantas familias del país en general, y de Monterrey en particular, inmersas en el lloro y crujir de dientes, el primero de septiembre próximo, sin rechiflas ni mentadas habrá una muy valiosa oportunidad de pedir cuentas al presidente Calderón quien presentara su V Informe de Gobierno. ¿Usted cree que ofrecerá un discurso  optimista, amable lector?@.