De un total de 73 sindicatos universitarios de México, 60 de ellos (82%) aceptaron los topes salariales de 3.08% y 1.98% en prestaciones; de los sesenta sindicatos sólo 8 (11%) pactaron aspectos adicionales como bonos y aumento de otras prestaciones, como los casos del STAUS y STEUS.

De los restantes sindicatos universitarios mexicanos, 13 (18%) lograron un aumento superior al tope salarial, entre los cuales se encuentran la Universidad Juárez del Estado de Durango con un 4% de aumento salarial y 3.1% de aumento en prestaciones.

En la mayoría de los casos, en los que los sindicatos universitarios lograron aumentos superiores a los topes salariales, se observa el respaldo de los gobiernos de los estados que proporcionaron recursos adicionales.

Las revisiones del STAUS y el STEUS se realizaron en un contexto de apoyo del gobierno del estado a las posiciones de rectoría de la UNISON, evidenciándose esto con la aceptación ilegal del recurso interpuesto por el rector ante la JLCA para que se archivara el expediente de la revisión del STAUS, bajo el absurdo argumento de que el paro de labores del 3 de abril había adelantado el estallamiento a huelga del 28 de abril.

Dicho respaldo del gobierno del estado de Sonora le permitió a la rectoría endurecer su posición, promoviendo a su vez un clima de incertidumbre en la planta académica, con medidas como el descuento ilegal de al menos un día de salario por el paro realizado y la amenaza de archivar el expediente.

Ese clima de incertidumbre fue el arma utilizada por la rectoría para promover una votación mayoritaria para no estallar huelga, a pesar de que existía claridad respecto a lo insuficiente de las respuestas institucionales.

Ante este panorama se requiere:

• Una mayor coordinación y participación en agrupaciones nacionales de sindicatos universitarios para enfrentar unidos las políticas federales y la embestida que viene.
• Diseño e implementación de programas que fortalezcan al STAUS, entre ellos se encuentran: un programa permanente de formación sindical, un programa de incentivo a la participación sindical, una reforma al Estatuto, uso de nuevas tecnologías para modernizar al sindicato, base de datos y estudios de la situación de los trabajadores académicos, entre otros.